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Cómo calcular los costes de un proceso judicial

juez con documentos y un mazo
Siempre es preferible solucionar un problema por la vía amistosa antes que acudir a los tribunales. Sin embargo, cuando se trata de casos graves o no se consigue alcanzar un acuerdo para enmendar la situación, no queda más remedio que recurrir a la vía judicial. En este sentido es importante conocer cuál es el precio del proceso judicial y valorar las posibilidades que existen de que el juez dicte una sentencia en la que se estimen las pretensiones propias. Si esto no ocurre, quien pierde el juicio está obligado a abonar todas las costas del procedimiento, incluidas las de la parte contraria.  
 
Según la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), en su artículo 241: “se considerarán gastos del proceso aquellos desembolsos que tengan su origen directo e inmediato en la existencia de dicho proceso, y costas la parte de aquéllos que se refieran al pago de los siguientes conceptos:
 
  • Honorarios de la defensa y de la representación técnica cuando sean preceptivas.
  • Inserción de anuncios o edictos que de forma obligada deban publicarse en el curso del proceso.
  • Depósitos necesarios para la presentación de recursos.
  • Derechos de peritos y demás abonos que tengan que realizarse a personas que hayan intervenido en el proceso.
  • Copias, certificaciones, notas, testimonios y documentos análogos que hayan de solicitarse conforme a la Ley, salvo los que se reclamen por el tribunal a registros y protocolos públicos, que serán gratuitos.
  • Derechos arancelarios que deban abonarse como consecuencia de actuaciones necesarias para el desarrollo del proceso.
  • La tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional, cuando sea preceptiva”.
 

¿Cómo se paga un proceso legal? 

Cada una de las partes debe pagar los costes legales del proceso a medida que se vayan produciendo. Esto no significa que posteriormente se recupere el dinero si la sentencia obliga a la parte contraria a asumir dichos gastos. Aunque lo más común es que la resolución final del procedimiento imponga al perdedor la condena en costas, también puede ocurrir que no se especifique nada al respecto, por lo que cada parte deberá abonar los costes legales causados a su instancia, independientemente de que se haya ganado el pleito o no. 
 
Por norma general, los procedimientos que no suelen finalizar con una condena en costas son los de contencioso administrativo, los relativos a conflictos laborales y los de familia. Además, se establece un límite cuantitativo para que la parte perjudicada tenga que abonar como máximo la tercera parte de la cuantía del proceso respecto a los honorarios de abogados y otros profesionales. En el supuesto de que no sea posible estimar el total del caso, se establece el valor de 18.000 euros, excepto cuando el tribunal disponga otra cosa. 
 
El procedimiento para solicitar el pago de los costes procesales se denomina tasación de costas y se inicia a través de una solicitud por parte del abogado y el procurador que han intervenido en el procedimiento. Junto con esta petición se deben incluir las minutas y facturas que justifiquen los gastos. Posteriormente, el Letrado de la Administración de Justicia se encarga de realizar la tasación para comunicársela al condenado, el cual tiene derecho a impugnarla si no está conforme. 
 
Por último, cabe destacar que los usuarios que no cuenten con los suficientes recursos económicos para litigar, pueden acogerse a la asistencia jurídica gratuita. Si se les concede este derecho, no será necesario pagar los costes relativos a asesoramiento jurídico previo, honorarios de abogado y procurador, inserción de anuncios o edictos, tasas judiciales y depósitos necesarios para interponer recursos, asistencia de peritos, entre otros. 
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