Aunque hace algún tiempo que se empezó a hablar a través de los medios de comunicación de las cláusulas abusivas incluidas en los contratos hipotecarios, lo cierto es que este tipo de condiciones se pueden encontrar en cualquier otro tipo de acuerdo firmado por dos o más personas. Así, es posible encontrar cláusulas leoninas en un contrato de alquiler, de trabajo, de venta de bienes a plazos, etc.
Una cláusula abusiva se puede definir como un requisito que se establece en un contrato y que coloca en una situación de privilegio a una parte. Como consecuencia de ello, la otra asume una serie de pérdidas o una posición de desventaja.
Según el Real Decreto Legislativo 1/2007, por el que se aprueba la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, “se considerarán cláusulas abusivas todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente y todas aquéllas prácticas no consentidas expresamente que, en contra de las exigencias de la buena fe causen, en perjuicio del consumidor y usuario, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato”.
De acuerdo con esta ley, se consideran abusivas las cláusulas que vinculen el contrato a la voluntad del empresario, limiten los derechos del consumidor, determinen la falta de reciprocidad en el contrato, impongan al consumidor unas garantías desproporcionadas o le impongan indebidamente la carga de la prueba, resulten desproporcionadas en relación con la ejecución del contrato, o contravengan las reglas sobre competencia y derecho aplicable.
¿Cómo actuar ante una cláusula abusiva?
En el caso de que se haya firmado un contrato en el que se fije algún punto que cause algún perjuicio para el usuario o dé lugar a una situación desequilibrada, se trata sin duda de una cláusula abusiva. Tal como establece la ley, las cláusulas leoninas son “nulas de pleno derecho y se tendrán por no puestas”.
En una situación de estas características, será necesario denunciar los hechos a través de la vía judicial. Una vez que se haya aceptado a trámite la demanda, el juez convocará a las partes a una audiencia para determinar la nulidad o no de la cláusula que se considera improcedente. En el supuesto de que se declare la nulidad de dicho punto, el resto del contrato seguirá aplicando para las partes siempre que sea posible sin la inclusión de los requisitos determinados como ilegales. Esto significa que aunque las cláusulas abusivas no producirán ningún efecto, el resto del contrato no afectado por ellas seguirá siendo obligatorio para las partes.
Es preciso hacer hincapié en el hecho de que la declaración de una cláusula leonina únicamente puede realizarla un juez. Esto significa que aunque la parte perjudicada se dé cuenta de la injusticia una vez firmado el contrato, de forma independiente no podrá modificar la situación, sino que será necesario acudir a un juzgado para que valoren las circunstancias de cada caso en concreto.
No obstante, antes de firmar un acuerdo conviene revisar todos los puntos para detectar previamente si existe alguna cláusula abusiva. Si fuera así, lo más recomendable es no firmar e intentar negociar la modificación del contrato.
Tanto en un caso como en otro, es importante disponer de un seguro de defensa jurídica para contar con un asesoramiento de calidad que ayude a identificar posibles cláusulas abusivas y a iniciar los trámites precisos para obtener una resolución de acuerdo a la legalidad.
