Buscar un abogado puede ser un quebradero de cabeza, pero muchos se olvidan de la asistencia jurídica con la que cuentan en sus seguros más completos, como el de hogar o coche. Los equipos que llevan estos seguros son profesionales altamente cualificados en su área y podrán asesorarte con cualquier duda jurídica que tengas al respecto.
Pero hay veces que sus funciones no son todas las que necesitamos, en cuyo caso es común ofrecer un seguro de defensa jurídica. Este tipo de seguros tiene como finalidad salvaguardar el interés del asegurado ante los problemas con los que se pueda enfrentar. La cobertura principal es la de sufragar con los gastos generados por las personas incluidas en la póliza, ya sea en procesos o en su defensa.
Así, el titular cuenta con el respaldo jurídico que precisa sin necesidad de pagar los altos costes que suelen llevar aparejados (salvo la prima del seguro, por supuesto). La cobertura suele incluir los gastos del abogado, las tasas, las costas judiciales, el notario y, en algunos casos, la fianza de los procesos penales.
El abogado que quieras… y requieras
Legalmente, los seguros de defensa jurídica garantizan, como mínimo, la libre elección de abogado y procurador (el proceso de designación y sus límites están marcados en la póliza); la defensa independiente de la aseguradora (el abogado debe poder trabajar “sin depender de instrucciones del asegurador”); los honorarios de los profesionales (sin embargo, se pueden establecer límites máximos, a partir de los cuales los costes caerán a cuenta del titular); gastos urgentes (otra partida de costes que puede estar limitada en la póliza, se refiere a los honorarios de intervenciones de los letrados, si tienen un carácter de urgencia) y apelaciones, recursos y transacciones (en la póliza se establece cuándo es posible apelar, presentar un recurso o una transacción; y debe reconocer el derecho al reembolso del asegurado cuando se obtenga un resultado beneficioso).
Las garantías de este tipo de pólizas suelen depender de la entidad aseguradora y del producto contratado. Por norma general, pueden incluir: asesoramiento telefónico; asistencia de forma presencial; vigilancia en boletines (para localizar comunicaciones realizadas al asegurado); la redacción de textos legales y contratos; defensa y reclamación de herencias; fianzas; gastos judiciales o la defensa civil, si no actúa otro seguro para hacerlo.
Algunas opciones más pintorescas pueden ser los servicios de defensa en caso de suplantación de identidad, en la que restauran la situación personal tras una suplantación de identidad. Si esto ha ocurrido, también se encargan de avisar al asegurado cuando alguien intenta usar sus datos o estos son introducidos en un fichero de morosos.
Si bien algunas asesorías de tipo legal pueden ser parte de la gestión de un siniestro relacionado con una póliza de coche, salud u hogar, en muchos casos es necesario recibir asistencia profesional a través de un producto más específico. Allí es donde cobra importancia tener un Seguro de Defensa Jurídica especialmente adaptado para la comprensión y resolución de tus litigios.
Si se requieren servicios adicionales de los incluidos en estas pólizas, su cobertura está regulada dentro de la póliza general, pero en un capítulo independiente con prima discriminada. Así sabes que podrás acudir a ellos en cuanto lo necesites y pagar su defensa cuando te toque el plazo de tu seguro.
