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¿Qué es la protección jurídica?

La protección jurídica es una garantía por la cual se cubren los gastos de un asegurado como consecuencia de su intervención en un procedimiento administrativo, arbitral o judicial, en el ámbito de la vida particular. Para saber qué es la protección jurídica, es importante conocer que consiste en asesorar y asistir jurídicamente o llevar a cabo los trámites de una reclamación y defensa por la vía amistosa y judicial, todo ello frente a los responsables de los daños o ante quienes haya de exigirse una reparación o derecho. Podemos incluir entre las prestaciones la obtención y redacción de determinada documentación y de asistencia judicial y extrajudicial derivada de la cobertura del seguro.

Cualquier actividad del día a día, como contratar un servicio, firmar un contrato laboral o comprar un billete de avión pueden requerir, sin que seamos conscientes, de la necesidad de contar con la opinión o aclaración de un profesional, incluso necesitar los servicios de un abogado capaz de proteger nuestros propios intereses. 

Además de saber qué es la protección jurídica, debemos tener en cuenta que garantiza la cobertura completa de los riesgos jurídicos a los que una persona puede quedar expuesta y es capaz de abarcar desde el asesoramiento de un abogado para dudas legales hasta la prevención de conflictos. Por ejemplo, una póliza de seguros de protección jurídica cubriría de forma personalizada las necesidades y derechos legales a nivel particular y familiar. Entre las coberturas básicas estarían la asistencia jurídica telefónica, la gestión documental, la reclamación de daños, tanto corporales como materiales, los contratos sobre cosas muebles, servicios o suministros, la defensa fiscal o los derechos relativos a la vivienda habitual y ocupación ilegal.

También existen otros tipos de coberturas de carácter más completo, que abarcan mayor variedad de prestaciones como la defensa laboral frente a la Administración, la defensa en relación al servicio doméstico, la prestación por separación o divorcio, el mobbing inmobiliario o el acoso y la agresión sexual. Es posible una cobertura también para la defensa y reclamación del propietario en procesos de desahucio o en caso de robo de identidad en Internet. Cada vez las coberturas se amplían más para garantizar la total seguridad de las familias, particulares o empresas. Esta protección también suele cubrir las reclamaciones por incumplimiento de contratos de compraventa, la defensa en procedimientos de liquidación tributaria por vía administrativa o la protección ante casos de impago a propietarios de viviendas.

Por lo general los tipos de consultas y prestaciones más solicitados se centran en áreas de reclamación por obras de rehabilitación de viviendas, demandas de conciliación y reclamación por despido, defensa por denuncias de ayuntamientos o vecinos, así como reclamaciones a operadoras de Internet por facturación incorrecta.

La protección jurídica es, en definitiva, una solución global para cualquier particular o empresa que desee mantener el control de sus gestiones legales y todo esto, sin el perjuicio de perder tiempo o dinero para su total resolución.

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